La compañía Berkeley Energía se prepara para luchar por su proyecto de explotación de uranio frente a la propuesta de enmienda de la Ley de Cambio presentada el pasado miércoles 14 de octubre por PSOE y Unidas Podemos para la “prohibición de la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos en España”. Por el momento la empresa esgrime 120 permisos y autorizaciones concedidas por las distintas Administraciones del Estado y ha recurrido al tratado comunitario Euratom para salvar su mina en España.
La principal actividad de Berkeley Energía es la creación de combustible uranio, un material esencial en la creación de combustible nuclear, y que lleva – junto a la empresa Obis Resoruces en Zahínos (Badajoz) –uno de los dos proyectos más importantes del país consistente en explotar una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca.
Desde la compañía declaran que este proyecto “garantizará a España y a la Unión Europea un proveedor interno, suministrando más de cuatro millones de libras de uranio al año, el equivalente al 10% del total del consumo de Europa, o más de un tercio de energía que se genera en España”.
El plan se encontraba a la espera de aprobación pero a consecuencia de la propuesta de enmienda, realizado de acuerdo Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las acciones de la compañía se han convertido en las más volátiles del parqué español con una bajada del 30% y una posterior subida de 18% tras su incorporación reciente en Ibex Small Cap.
“Hay 100 millones de euros invertidos y un posible laudo internacional”
La batalla legal será llevada por el bufete Herbert Smith Freehils – que hasta la fecha ha ganado los recursos presentados por las organizaciones ecologistas en su contra – y según dicen, “los planes para cerrar la mina de uranio mediante una ley con efectos retroactivos afectan a 100 millones de euros ya invertidos y empujan hacia un posible laudo internacional”.
Por el momento, la compañía ha recurrido ante La Comunidad Europea de Energía Atómica o Euratom, – organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear- no obstante, ni la empresa ni sus abogados precisan de dicho contenido.
Por ahora, lo más sólido parece ser el escudo levantado a base de lo que parecen hasta 120 permisos y autorizaciones de diez años de antigüedad ya que la empresa cuenta con tres proyectos que implican a cuatro administraciones diferentes: la mina, la planta de procesado del mineral y un proyecto de almacenamiento de residuos.
La propuesta de veto tampoco concedería autorizaciones para actividades relacionados con hidrocarburos (fracking) que implique utilizar la técnica de fractura hidráulica, comprometiendo los planes de explotación de una bolsa de gas en Subijana (Álava), un proyecto que garantizaría la autosuficiencia energética durante los siguientes 60 años a la Comunidad Autónoma Vasca.
En este sentido, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), necesario para aprobar los presupuestos de 2021, podría jugar un papel relevante a favor de todo este proceso con sus votos. Incluso paralizar la tramitación de la enmienda antifracking y contra el uranio, arrojando un poco de esperanza a la compañía minera australiana.