La Diputación Foral de Álava se encuentra sumergida en un proceso para convertir la provincia en un territorio más sostenible y eficiente. Para ello en 2021 pondrán en marcha un estudio sobre la capacidad energética de sus pueblos además de aportar dotaciones económicas para impulsar acciones de sostenibilidad energética.
El proyecto centrado en la capacidad energética de sus zonas rurales tiene como objetivo seleccionar un pequeño núcleo de la zona donde llevar a cabo una prueba piloto para determinar su capacidad de ser autosuficiente y determinar que tipo de energía lo permitiría.
La autosuficiencia permitiría al pueblo gestionar sus propios recursos de forma que garantice el suministro de la zona, incrementando la generación de energía local renovable y reduciendo el uso de los recursos de origen fósil causantes de los gases de efecto invernadero. También se impulsaría la economía local gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Para ello se estudiará y determinará inicialmente, la capacidad de todos los pueblos alaveses de entre 200 y 500 habitantes y el recurso energético que se utilizaría en cada uno de ellos. Las posibilidades van desde la puesta en marcha de una torre eléctrica hasta la creación de un centro de biomasa o la instalación de placas solares. Este proceso permitirá seleccionar al núcleo rural más adecuado para llevar a cabo este proyecto.
La prueba cuenta ya una alta aportación económica por parte de la Unión Europea, centrada en lograr el autoabastecimiento de territorios permitiendo que estos no dependan de su conexión con la red eléctrica.
A esta iniciativa se suma la dotación de subvenciones a las entidades locales para impulsar acciones de sostenibilidad energética. La convocatoria tuvo lugar en marzo de 2020 y se repartieron un total de 190.000 euros, destinados 40.000 para este año y 150.000 para el 2021.
El departamento de Medio Ambiente y Urbanismo buscó dedicar esta línea de ayudas para que los municipios y concejos puedan llevar poner en marcha instalaciones de gestión renovable como las calderas de biomasa además de fomentar el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, como la solar, térmica, geotérmica o la propia biomasa.
A esto se suma el objetivo de impulsar las acciones relacionadas con movilidad eléctrica gracias a la compra de coches y bicicletas e instalación de sus puntos de recarga.
Por último, las subvenciones permitirán la elaboración de auditorías energéticas y la obtención de certificados de eficiencia, así como la realización de inventarios energéticos de edificios y equipamientos.
La energía nuclear supone más del 22% de la electricidad creada en España gracias a las cinco centrales que están actualmente en funcionamiento en el país. Este dato podría haber sido mayor si la central nuclear de Lemóniz, situada entre Bakio y Arminza hubiese sido puesta en marcha. A lo largo de su historia, esta central ha sido protagonista de grandes movimientos vecinales y de disputas políticas las cuáles hicieron que nunca se activará ni albergará ningún tipo de material nuclear.
En el año 1972, Iberduero, hoy en día Iberdrola, comenzó la construcción de dos reactores nucleares de 900 megavatios en la cala de Basordas, a 18 kilómetros de Bilbao. Esta edificación formaba parte del proyecto eléctrico nacional emprendido en España en los años 70 que buscaba garantizar la independencia eléctrica de la región, el cual también definía la construcción de otras dos centrales más en la zona, una en Ispaster y otra en Deba.
Durante los años 80, el proyecto causó verdadera indignación entre la población vasca y se crearon ciertas organizaciones antinucleares que presionaron al Gobierno para el cierre de la central. Esto, más la puesta marcha de una moratoria nuclear en 1983 no solo supuso el cierre de Lemóniz, sino de todas las centrales nucleares en proceso de construcción en España.
Los reactores de la central iban a ser de agua ligera a presión (PWR), es decir que utilizarían el agua corriente para modelar los neutrones a alta velocidad liberados por las reacciones de fisión, las cuales tendrían lugar en el núcleo de los reactores.
En lo referente al asentamiento general, este se llevó a cabo mediante un dique rompeolas que ganó terreno al mar, cerrando así la cala de Basordas.
Tras décadas de abandono, la propiedad de los terrenos fue traspasada hace unos años por el Gobierno a las instituciones vascas.
Este acuerdo fue posible debido a la presentación por parte del Gobierno Vasco del proyecto para construir en Lemóniz una gran piscifactoría en la que se criarían más de 11.000 toneladas de langostinos, truchas, salmón y rodaballo entre otras especies.
El proyecto necesitará de más 44 millones de euros pero ya cuenta con inversores privados tanto vascos, noruegos como franceses, lo que podría ponerlo en marcha en cualquier momento, transformando la inacabada central en un polo de atracción económica que generará aproximadamente 500 puestos de trabajo.