La transición energética gana velocidad en España. El Gobierno central ha anunciado la asignación provisional de 670 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar proyectos vinculados a las energías renovables, el almacenamiento energético, la movilidad sostenible y la electrificación de la economía.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, detalló que las ayudas se canalizarán a través de seis líneas estratégicas gestionadas por el IDAE, con el objetivo de reforzar la independencia energética, acelerar la descarbonización y consolidar una industria asociada a las tecnologías limpias.
Uno de los principales bloques de inversión se dirige al desarrollo de la eólica marina y las energías del mar. En total, 212 millones de euros servirán para adaptar seis puertos estratégicos a las necesidades logísticas e industriales que requerirá el despliegue offshore en los próximos años.
Los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón y la agrupación formada por A Coruña y Ferrol-San Cibrao figuran entre los beneficiarios provisionales del programa PORT-EOLMAR. Las actuaciones permitirán ampliar explanadas industriales, reforzar líneas de atraque y mejorar capacidades operativas para el ensamblaje y mantenimiento de grandes aerogeneradores marinos.
El Ejecutivo considera que estas infraestructuras serán decisivas para convertir a España en un nodo industrial de referencia en renovables marinas, especialmente en tecnologías flotantes, donde el país cuenta con una posición competitiva destacada.
Otro de los ejes prioritarios es el almacenamiento energético mediante centrales hidroeléctricas de bombeo reversible. El programa BORALMAC II contará finalmente con 165 millones de euros tras ampliarse su presupuesto inicial debido al elevado número de solicitudes presentadas.
La resolución provisional contempla siete proyectos distribuidos entre Galicia, Asturias, Andalucía, Extremadura y Cataluña. Estas instalaciones permitirán almacenar excedentes de generación renovable y liberarlos posteriormente en momentos de alta demanda, reforzando así la estabilidad del sistema eléctrico y facilitando la integración masiva de energías limpias.
El desarrollo de nuevas infraestructuras de almacenamiento se considera clave para garantizar la seguridad energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles en un contexto de creciente electrificación industrial y doméstica.
El Gobierno también destinará otros 165 millones de euros a 41 proyectos industriales relacionados con la cadena de valor renovable, repartidos en doce comunidades autónomas.
Las iniciativas seleccionadas abarcan ámbitos como baterías y almacenamiento energético, redes inteligentes, hidrógeno renovable, energía solar y fabricación de componentes para eólica terrestre y marina. El País Vasco concentra el mayor número de proyectos beneficiarios, mientras que Navarra acogerá una de las actuaciones de mayor volumen inversor vinculada al almacenamiento energético.
Desde el sector energético se interpreta esta línea de ayudas como un paso importante para consolidar capacidad industrial propia y evitar la dependencia tecnológica exterior en el despliegue renovable europeo.
La movilidad sostenible será otro de los ámbitos reforzados. Más de 100 millones de euros se destinarán a programas de movilidad eléctrica, especialmente al despliegue de infraestructura de recarga rápida en corredores estratégicos.
El programa Moves Corredores permitirá financiar cerca de 2.900 nuevos puntos de recarga distribuidos por las principales vías de comunicación del país, mientras que otras ayudas apoyarán la electrificación de flotas empresariales y la adquisición de vehículos eléctricos.
El objetivo es acelerar la implantación del vehículo eléctrico y reducir una de las principales barreras detectadas por usuarios y operadores: la disponibilidad de infraestructura de carga rápida y ultrarrápida.
Durante su intervención, Aagesen defendió que la transición energética no responde únicamente a criterios medioambientales, sino también a razones de competitividad, cohesión territorial y autonomía estratégica.
La ministra subrayó que el contexto geopolítico internacional y la volatilidad de los mercados energéticos refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en energías autóctonas y renovables. Además, destacó el impacto de estas inversiones sobre el empleo industrial y el desarrollo económico de numerosos territorios vinculados a infraestructuras energéticas y logísticas.
Para sectores como la ingeniería, la minería y la industria energética, el despliegue de estas actuaciones abre nuevas oportunidades ligadas al almacenamiento, las materias primas críticas, la electrificación y el desarrollo de infraestructuras asociadas a la transición ecológica
Fuentes: Efe, Imagine Comunicación