El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó el 27 de diciembre, el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Un documento clave, que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, cesando la explotación de las centrales nucleares, que comenzará en 2027 y finalizará en 2035.
A través de este nuevo plan, se pretende desmantelar las instalaciones nucleares y el posterior tratamiento de los residuos radiactivos. De esta forma, los residuos de media, baja y muy baja actividad, irán a parar a El Cabril, el almacén temporal ubicado en la provincia de Córdoba, que deberá ser ampliado para poder recoger el combustible gastado en las centrales nucleares.
Asimismo, con el objetivo de desmantelar todas las instalaciones nucleares, se ha acordado la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares. En estas, se moverá el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo, que se moverán a un almacén Geológico Profundo (AGP), como ya se acordó hacer en otros países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.
Las plantas nucleares españolas se irán desmantelando gradualmente, teniendo en cuenta que el inicio del desmantelamiento de cada central se llevará a cabo tres años después de su cese definitivo. Por tanto, los últimos reactores en activo serán los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) que cesarán su actividad, ambos en 2035.
Según el Gobierno, el total de estas operaciones supondrán un coste de 20.220 millones de euros, que será pagado por las empresas propietarias de las instalaciones nucleares a través del fondo para la financiación de las actividades del PGRR gestionado por la empresa pública Enresa.