El Estado español cuenta con más de un millón de pozos ilegales como refleja una encuesta realizada en 2017 por el Ministerio de Medioambiente, pero tal y como denuncian las organizaciones ecologistas y Greenpeace esa cifra dista mucho de ser real. Tiene que ocurrir una desgracia como la de Julen en Totalán para que salga nuevamente a la luz un problema que se cobra cada año nuevas víctimas y aboca al país a la sequía.
Según fuentes de la sede central en Madrid del Servicio de Protección de la Naturaleza se perforan cada mes, sin licencia, entre veinte y treinta pozos. Esto supone 15.000 nuevos casos que se suman a la lista negra. A pesar de las cifras tan elevadas, hay que señalar que en el periodo de 2013 y 2017 solamente se cerraron 10 pozos ilegales de las 1.146 denuncias que llegó a recibir el servicio de protección de la Naturaleza.
Y es que antes de producirse este fatídico suceso existían muy pocos datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, datos de hace más de una década, ya que un estudio realizado en el año 2006 avanzó que el número de pozos ilegales superaban el medio millón.
Aunque los accidentes y las víctimas mortales desatan todas las alarmas, las personas no son las únicas víctimas del pirateo de acuíferos. La proliferación de estas prospecciones está contribuyendo a que las masas aguas subterráneas se agoten. España está considerado el país europeo con más riesgo de sufrir una sequía. El futuro hídrico de la península tiende de un hilo si no se toman las medidas oportunas para frenar esta situación.
Greenpeace y numerosos partidos ecologistas, han pedido al Gobierno que identifique el número de pozos ilegales que existen en el estado actualmente y que se lleven a cabo las medidas pertinentes para proteger los acuíferos poniendo freno a los posibles problemas que pueden ocasionar. Para favorecer las medidas de presión, la ONG ha puesto a disposición de los ciudadanos la plataforma “Fíltrala” donde podrán denunciar la ubicación de pozos ilegales
La Fundación de Fomento y Gestión del Agua calcula que estos pozos ocupan 400.000 hectómetros cúbicos bajo el subsuelo, siete veces más que lo que puede llegar a acumular 120 pantanos al aire libre al 100% de su capacidad.
Según se detallan en los informes oficiales del Instituto Geológico y Minero de España, este descontrol y abuso de tantos años genera que el “44% de las mases de agua subterráneas estén en mal estado tanto cuantitativo como químico”.
Con estas estadísticas debemos tomar conciencia de la gravedad y los problemas que pueden ocasionar el millar de proliferaciones ilegales que se han localizado hasta el momento y si está en nuestra mano denunciar la existencia de estas “trampas mortales”.