En 1 de enero de 2019 entró en vigor el preacuerdo firmado el pasado mes de octubre entre El Gobierno y los sindicatos. Se reduce la edad de prejubilación de los mineros dentro de su plan para acabar con la actividad en las cuencas mineras. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera pactó que la edad de retiro en el sector se adelante a 48 años o 20 años de cotización.
Hasta el 31 de diciembre de 2018 había 2.167 personas afiliadas al Régimen de la Minería, algo más de una décima parte de los 19.000 que ocupaba el sector en los inicios de siglo. Aún así, todavía se desconoce la cifra global de los trabajadores que se puedan acoger al nuevo régimen tras el cierre de las empresas del pasado mes. El cese de la actividad se produjo por el nuevo reglamento de Bruselas que impide seguir manteniendo su actividad a aquellas empresas mineras que hayan cobrado ayudas públicas y no han sido capaces de reembolsarlas al Estado, lo que ha ocurrido con la práctica totalidad.
Las personas que pueden acogerse a la prejubilación anticipada conservarán un 72% de su retribución anual bruta. Este coste irá cargado sobre las cuentas del Instituto para la Reestructuración del Carbón hasta que los trabajadores alcancen los 65 años, cuando pasarán al régimen general.
Aquellos empleados que no puedan acogerse a la prejubilación gozarán también de garantías sociales como el derecho al reconocimiento de cobro de la prestación de desempleo por el periodo máximo legal (dos años) con independencia del tiempo acumulado que tengan de cotización.
El plan del Gobierno incluye además una nueva batería de ayudas públicas por importe de 250 millones de euros en el próximo lustro dirigida a fomentar actividades alternativas y restauración de los territorios afectados: Asturias, Castilla y León, Aragón y Puertollano. Este plan prevé inversiones en nuevas instalaciones de generación renovable y actuaciones de impulso económico.
Además, el ministerio ha creado la figura del Contrato de Transición Justa para facilitar la contratación de ex empleados del carbón en estas actividades.
El plan de Transición Ecológica es ceder estas actuaciones a comunidades autónomas y ayuntamientos y supervisar el cumplimiento de sus objetivos para evitar el derroche y la mala gestión que se ha hecho en el pasado con los miles de millones de euros públicos enterrados en el sector.
El Gobierno probará este nuevo sistema de regeneración laboral a pequeña escala en el carbón -ya que la mayor parte de los trabajadores podrán retirarse-, si bien el objetivo es que mecanismo juegue un papel clave en la transición que marcará el final de actividad de grandes industrias como la nuclear.