La compañía Berkeley Energía se prepara para luchar por su proyecto de explotación de uranio frente a la propuesta de enmienda de la Ley de Cambio presentada el pasado miércoles 14 de octubre por PSOE y Unidas Podemos para la “prohibición de la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos en España”. Por el momento la empresa esgrime 120 permisos y autorizaciones concedidas por las distintas Administraciones del Estado y ha recurrido al tratado comunitario Euratom para salvar su mina en España.
La principal actividad de Berkeley Energía es la creación de combustible uranio, un material esencial en la creación de combustible nuclear, y que lleva – junto a la empresa Obis Resoruces en Zahínos (Badajoz) –uno de los dos proyectos más importantes del país consistente en explotar una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca.
Desde la compañía declaran que este proyecto “garantizará a España y a la Unión Europea un proveedor interno, suministrando más de cuatro millones de libras de uranio al año, el equivalente al 10% del total del consumo de Europa, o más de un tercio de energía que se genera en España”.
El plan se encontraba a la espera de aprobación pero a consecuencia de la propuesta de enmienda, realizado de acuerdo Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las acciones de la compañía se han convertido en las más volátiles del parqué español con una bajada del 30% y una posterior subida de 18% tras su incorporación reciente en Ibex Small Cap.
“Hay 100 millones de euros invertidos y un posible laudo internacional”
La batalla legal será llevada por el bufete Herbert Smith Freehils – que hasta la fecha ha ganado los recursos presentados por las organizaciones ecologistas en su contra – y según dicen, “los planes para cerrar la mina de uranio mediante una ley con efectos retroactivos afectan a 100 millones de euros ya invertidos y empujan hacia un posible laudo internacional”.
Por el momento, la compañía ha recurrido ante La Comunidad Europea de Energía Atómica o Euratom, – organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear- no obstante, ni la empresa ni sus abogados precisan de dicho contenido.
Por ahora, lo más sólido parece ser el escudo levantado a base de lo que parecen hasta 120 permisos y autorizaciones de diez años de antigüedad ya que la empresa cuenta con tres proyectos que implican a cuatro administraciones diferentes: la mina, la planta de procesado del mineral y un proyecto de almacenamiento de residuos.
La propuesta de veto tampoco concedería autorizaciones para actividades relacionados con hidrocarburos (fracking) que implique utilizar la técnica de fractura hidráulica, comprometiendo los planes de explotación de una bolsa de gas en Subijana (Álava), un proyecto que garantizaría la autosuficiencia energética durante los siguientes 60 años a la Comunidad Autónoma Vasca.
En este sentido, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), necesario para aprobar los presupuestos de 2021, podría jugar un papel relevante a favor de todo este proceso con sus votos. Incluso paralizar la tramitación de la enmienda antifracking y contra el uranio, arrojando un poco de esperanza a la compañía minera australiana.
La comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada, el pasado 13 de octubre, en el Congreso de los Diputados, acordó una iniciativa para un futuro Pacto de Estado por la Industria (PNL). Promovido por la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, el Instituto de Ingeniería en España (IIES) y el Consejo General de Colegios de Economistas, el pacto sentará las bases de una Ley de Industria que incentive la economía y modernice el modelo productivo actual mediante una transición ecológica y una transformación digital.
Este acuerdo se encuentra dentro de los objetivos de la Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU y plantea, entre otras medidas, una mejora en la formación apoyando la empleabilidad, así como impulsar el desarrollo de las pymes industriales mediante financiación bancaria, digitalización de estas empresas, su internacionalización y la reducción de costes de transporte, logística y distribución.
El sector de la automoción también se ve afectado con este acuerdo ya que preveé ayudas para reducción de las emisiones, mayor inversión en I+D+i desarrollando baterías y medidas que atraigan al capital extranjero al territorio nacional, así como, facilitar las exportaciones.
Otra de las claves del PLN implica fortalecer un sector industrial farmacéutico para que sea capaz de hacer frente a otra futura crisis ya que la primera oleada del Covid 19 evidenció la dependencia del España del material sanitario procedente de países extranjeros.
Ello se traduce en la creación de un plan estratégico de prevención, establecer una reserva energética que garantice el abastecimiento e impulsar la fabricación de materiales, EPIs y otros productos de emergencia.
Desde el Congreso demandan que este pacto, se mantenga estable con independencia de cualquier cambio político y social, y con un compromiso presupuestario duradero y firme, para conseguir, tal y como señaló el portavoz socialista de Industria Alejandro Soler, el desarrollo industrial en España hasta alcanzar un 20% de PIB e igualar al promedio europeo, ya que éste se sitúa en un 15,8 del PIB frente al 18,6 de Europa
Según datos de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (Confedem), a partir de las informaciones recopiladas por el centro de documentación del instituto Geológico y Minero de España, nuestro país es el tercero de Europa, solo por debajo de Suecia y Finlandia, con más materias primas en todo el continente. Sin embargo, a consecuencia de las presiones de grupos ambientales y el inmovilismo de las administraciones, estos terrenos no pueden ser explotados y por tanto, no podemos sacar ningún tipo de rentabilidad con su explotación.
En el Estado español, existe un plan que define los objetivos para la reducción de los gases de efecto invernadero, la penetración de energías renovables y de eficiencia energética para 2030. Este plan se llama Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Pero para contribuir al desarrollo de esta transición energética, el sector minero ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un documento, en el que identifica 13 minerales esenciales (aluminio, cobalto, cobre, estaño, grafito, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, vanadio y wolframio) y, de los que existe un exceso de cantidad y cuya extracción sería recomendable porque sus beneficios de explotación aportarían ingresos suficientes para invertir en nuevas energías.
Es decir, si bien es cierto que la explotación minera tiene un impacto negativo en el medio ambiente (a veces solo se pierde un 5% de la superficie removida), gracias a los minerales extraídos podrá llevarse a cabo este plan y terminar así con la producción energética contaminante para dar paso a otras más sostenibles como la eólica. Además, según el último informe realizado por Red de Soluciones Sostenibles, España se sitúa en el puesto nº 21 de los 162 países en vías de sostenibilidad, otra de las razones por las que debería realizarse esta esta transición lo antes posible.
Es importante mencionar que en todos los proyectos mineros se exige que se rehabilite la zona y como garantía, el Estado obliga a depositar un aval que ejecuta en caso de que la empresa no haga estos trabajos. Y también, que la explotación minera, además de contribuir en la transición energética y por tanto al desarrollo de un país más ecológico, genera riqueza y empleo y contribuye a planes que ayudarían a solucionar uno de los mayores problemas de nuestro país: la España vaciada.
Todo parecen ventajas, ¿no?
Como ya hemos constatado, todo indica a que la explotación minera tendría grandes beneficios en nuestro país pudiendo convertirlo en una gran potencia. Por ello desde este blog os animamos a abodar estudios de Ingeniería Técnica de Minas y os convirtáis en profesionales capaces de desarrollar técnicas más sostenibles de extracción que contribuyan a la mejora del medio ambiente.
La Diputación Foral de Álava se encuentra sumergida en un proceso para convertir la provincia en un territorio más sostenible y eficiente. Para ello en 2021 pondrán en marcha un estudio sobre la capacidad energética de sus pueblos además de aportar dotaciones económicas para impulsar acciones de sostenibilidad energética.
El proyecto centrado en la capacidad energética de sus zonas rurales tiene como objetivo seleccionar un pequeño núcleo de la zona donde llevar a cabo una prueba piloto para determinar su capacidad de ser autosuficiente y determinar que tipo de energía lo permitiría.
La autosuficiencia permitiría al pueblo gestionar sus propios recursos de forma que garantice el suministro de la zona, incrementando la generación de energía local renovable y reduciendo el uso de los recursos de origen fósil causantes de los gases de efecto invernadero. También se impulsaría la economía local gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Para ello se estudiará y determinará inicialmente, la capacidad de todos los pueblos alaveses de entre 200 y 500 habitantes y el recurso energético que se utilizaría en cada uno de ellos. Las posibilidades van desde la puesta en marcha de una torre eléctrica hasta la creación de un centro de biomasa o la instalación de placas solares. Este proceso permitirá seleccionar al núcleo rural más adecuado para llevar a cabo este proyecto.
La prueba cuenta ya una alta aportación económica por parte de la Unión Europea, centrada en lograr el autoabastecimiento de territorios permitiendo que estos no dependan de su conexión con la red eléctrica.
A esta iniciativa se suma la dotación de subvenciones a las entidades locales para impulsar acciones de sostenibilidad energética. La convocatoria tuvo lugar en marzo de 2020 y se repartieron un total de 190.000 euros, destinados 40.000 para este año y 150.000 para el 2021.
El departamento de Medio Ambiente y Urbanismo buscó dedicar esta línea de ayudas para que los municipios y concejos puedan llevar poner en marcha instalaciones de gestión renovable como las calderas de biomasa además de fomentar el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, como la solar, térmica, geotérmica o la propia biomasa.
A esto se suma el objetivo de impulsar las acciones relacionadas con movilidad eléctrica gracias a la compra de coches y bicicletas e instalación de sus puntos de recarga.
Por último, las subvenciones permitirán la elaboración de auditorías energéticas y la obtención de certificados de eficiencia, así como la realización de inventarios energéticos de edificios y equipamientos.
La energía nuclear supone más del 22% de la electricidad creada en España gracias a las cinco centrales que están actualmente en funcionamiento en el país. Este dato podría haber sido mayor si la central nuclear de Lemóniz, situada entre Bakio y Arminza hubiese sido puesta en marcha. A lo largo de su historia, esta central ha sido protagonista de grandes movimientos vecinales y de disputas políticas las cuáles hicieron que nunca se activará ni albergará ningún tipo de material nuclear.
En el año 1972, Iberduero, hoy en día Iberdrola, comenzó la construcción de dos reactores nucleares de 900 megavatios en la cala de Basordas, a 18 kilómetros de Bilbao. Esta edificación formaba parte del proyecto eléctrico nacional emprendido en España en los años 70 que buscaba garantizar la independencia eléctrica de la región, el cual también definía la construcción de otras dos centrales más en la zona, una en Ispaster y otra en Deba.
Durante los años 80, el proyecto causó verdadera indignación entre la población vasca y se crearon ciertas organizaciones antinucleares que presionaron al Gobierno para el cierre de la central. Esto, más la puesta marcha de una moratoria nuclear en 1983 no solo supuso el cierre de Lemóniz, sino de todas las centrales nucleares en proceso de construcción en España.
Los reactores de la central iban a ser de agua ligera a presión (PWR), es decir que utilizarían el agua corriente para modelar los neutrones a alta velocidad liberados por las reacciones de fisión, las cuales tendrían lugar en el núcleo de los reactores.
En lo referente al asentamiento general, este se llevó a cabo mediante un dique rompeolas que ganó terreno al mar, cerrando así la cala de Basordas.
Tras décadas de abandono, la propiedad de los terrenos fue traspasada hace unos años por el Gobierno a las instituciones vascas.
Este acuerdo fue posible debido a la presentación por parte del Gobierno Vasco del proyecto para construir en Lemóniz una gran piscifactoría en la que se criarían más de 11.000 toneladas de langostinos, truchas, salmón y rodaballo entre otras especies.
El proyecto necesitará de más 44 millones de euros pero ya cuenta con inversores privados tanto vascos, noruegos como franceses, lo que podría ponerlo en marcha en cualquier momento, transformando la inacabada central en un polo de atracción económica que generará aproximadamente 500 puestos de trabajo.
La infraestructura Bimep destinada a probar prototipos de captadores de energías marinas situada en la costa de Arminza se ha convertido en un referente mundial de la I+D de nuevas fuentes de energías renovables, concretamente en la investigación de tecnologías de aprovechamiento energético de las olas y eólica flotante al no existir en Europa ninguna otra instalación con las características técnicas ni permisos operativos que ofrece este centro de ensayo vasco.
A esto hay que añadir la dotación por parte del gigante tecnológico Microsoft de una beca de 15.000 euros al proyecto MarIA sobre el comportamiento de turbinas eólicas flotantes creado por un estudiante de la Universidad de País Vasco, reforzando así la posición de Euskadi en el marco global de investigación sobre energías renovables marinas.
Desde su nacimiento en 2015, la plataforma Biscay Marine Energy Platform está disponible para dispositivos undimotrices, es decir destinados a la energía creada por el movimiento de las olas pero hace unos meses obtuvo la autorización por parte del Ente Vasco de Energía (EVE) para realizar ensayos con aerogeneradores marinos flotantes.
Este acuerdo ha permitido la firma de un contrato entre Saitec Offshore Techonologies, una empresa destinada a la tecnología y servicios relacionados con la energía eólica marina y Bimep para la instalación del prototipo DemoSATH, el primer aerogenerador marino flotante del País Vasco constituido por dos flotadores cilíndricos en posición horizontal de hormigón armado pretensado.
Tras 18 meses destinados al diseño y construcción del prototipo, el objetivo de esta instalación será analizar durante dos años su comportamiento en condiciones operacionales y extremas además de recopilar datos de interés sobre construcción, mantenimiento y operación. Esto permitirá obtener el conocimiento necesario para aplicar mejoras y optimizaciones a proyectos comerciales futuros.
La iniciativa AI for Earth de Microsoft, destinada a crear proyectos innovadores basados en la inteligencia artificial para otorgar soluciones a retos de sostenibilidad ha decidido otorgar una beca al proyecto vasco MarIA, una plataforma destinada a optimizar la producción de la energía limpia que producen las turbinas eólica flotantes.
Los 15.000 euros de la beca se destinarán a la utilización de Microsoft Azure, una plataforma basada en el entrenamiento de redes neuronales artificiales que ayudará a reducir el proceso de simulación necesario para conseguir todas las variables que afectan directamente a los aerogeneradores como por ejemplo la dirección, el período y altura de las olas, la fuerza del viento hasta las propias condiciones mecánicas del aparato.
Además Microsoft aportará también formación, soporte por parte de sus profesionales y asesoramiento técnico para el correcto desarrollo del proyecto. Unos buenos resultados supondrían su entrada a la segunda fase en la cual Microsoft destinaría una nueva línea de financiación para su desarrollo aplicado.
El primer objetivo que persigue esta investigación será la validación del acople comparando los resultados del movimiento de la plataforma mediante simulaciones con datos obtenidos en laboratorios. Esta fase del estudio durará 3 meses y permitirán la optimización tanto de una red neuronal en el uso del intercambio de datos, así como la optimización de la malla de la dinámica de fluidos computacional. Tras esto, se comenzará con la creación de un código que consiga acoplar los diferentes desarrollos de software que estudian tanto la turbina, la plataforma y las líneas de fondeo. Mientras tanto, la primera forma de acople será evaluada para diferentes plataformas y estados de mar, así como la combinación de diferentes velocidades y direcciones de viento, para cada estado. Esta comparativa entre plataformas, y cálculo de la potencia generada se prevé que dure 4 meses, hasta diciembre del 2020.
Fuente: Microsoft
Iberdrola vuelve a liderar un nuevo proyecto de energías renovables que se asentará en el municipio de Armiñón en 2023. Con la participación del Grupo Mondragón, la Diputación Foral de Álava y el EVE (Ente Vasco de la Energía), el parque solar denominado Ekienea generará energía equivalente al consumo anual de 160.000 habitantes; casi la mitad de la población de Álava.
Los 70 millones invertidos servirán para seguir impulsando el auge de energías más limpias y renovables en Euskadi. El objetivo es que en 2030 un tercio de toda la energía que consumimos venga de fuentes limpias; como es el caso de la solar.
Álava ya cuenta con Ekian, el parque solar que se puso en marcha hace medio año en Arasur. Sin embargo, esta nueva instalación vecina compuesta por 200 hectáreas duplicará por cuatro la energía producida por el anterior parque. Mientras que Ekian produce 24 megavatios de electricidad, Ekienea generará 100 megavatios eléctricos. Además, se evitará la emisión a la atmósfera de 25.000 toneladas de dioxodo de carbono anuales gracias a los 250.000 paneles fotovoltaicos que serán instalados.
Los promotores han optado por ubicar el parque solar en el mismo territorio que Ekian por dos motivos: es la zona con más horas de sol de Euskadi y su llanura facilita la instalación. Asimismo, de las 200 hectáreas de las que se compone este proyecto, 100 serán para el propio parque y las otras 100 para la compensación ambiental y la preservación de zonas forestales.
El mayor parque solar de Euskadi abre camino hacia la reactivación económica y del empleo. En Euskadi hay varias empresas relacionadas con la industria energética y de movilidad, desde grandes operadores eólicos hasta promotores y constructores de centrales solares térmicas. Aún y todo, Iberdrola es el primer operador de energía eléctrica renovable en el mundo con más de 30.000 MW instalados.
El auge de las energías renovables va teniendo cada vez más importancia de cara a un futuro próximo y los proyectos impulsados por empresas vascas como Iberdrola son un buen ejemplo de ello.
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Iberdrola junto con Caja Rural ha puesto en marcha CAVAR: un nuevo proyecto que proporcionará energía eólica a la comunidad de Navarra. Se compone de cuatro parques y 32 generadores de Siemens Gamesa distribuidos en los municipios de Cadreita y Valtierra conformando así su mayor instalación de energía eólica en el Estado desde el año 2012.
Este proyecto no sólo va a impulsar el auge de las energías renovables, sino que también va a contribuir al resurgimiento de la crisis económica a la que nos enfrentamos. Se van a generar puestos de trabajo dentro de la actividad industrial, Iberdrola va a alcanzar la cifra récord de 10.000 millones en el ejercicio del año actual y la electrificación servirá de palanca para contribuir a dicha recuperación económica.
La multinacional vizcaína ha hecho frente a la crisis vigente a través de una obra que ha requerido de una gran práctica de ingeniería civil y de componentes fabricados en las comunidades limítrofes. CAVAR ha tenido un periodo de construcción de un año y su inversión supera los 100 millones de euros financiados en parte por el BIE (Banco Internacional Europeo).
Iberdrola estima que CAVAR evitará la emisión anual de 84.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. También augura una producción de energía limpia equivalente al consumo anual medio de 45.000 hogares, es decir, del 25% de la población de Pamplona.
Este proyecto cuenta con una instalación de 111 megavatios (MW) de potencia, pero debemos tener en cuenta que la multinacional vizcaína es líder en nuestro país en lo respecta a energías renovables. En todo el territorio tiene una capacidad eólica instalada de más de 6.000 MW y de más de 16.500 MW renovable; por lo que el nuevo parque eólico seguirá contribuyendo a la expansión de las energías renovables. Además, como señala AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes), una mayor eficiencia energética en la edificación y en la industria beneficiarán a la protección del medio ambiente.
El coronavirus no solamente ha afectado al sector empresarial y a la vida cotidiana, también ha tenido impacto en el ruido sísmico proveniente de fuentes naturales y artificiales, como el tráfico automovilístico, el oleaje del mar o la actividad industrial, que generan vibraciones omnidireccionales en la superficie de la Tierra y que son detectadas por la red de estaciones sísmicas.
En todo el Estado, hay un total de 55 estaciones sísmicas de Banda Ancha instaladas y más de 70 de Corto Periodo. Mientras que las primeras responden al movimiento (velocidad) del suelo sin distorsión entre periodos de 120 segundos y frecuencias de Hz a través de sensores Streckeissen, las de corto periodo, también denominadas redes de microsismicidad, son capaces de detectar vía radio dichos movimientos en tiempo real y en zonas determinadas.
Esta reducción del ruido sísmico que para los sismólogos es conocido como “ruido cultural” también ha sido percibida en todo el mundo. Geólogos del planeta y, especialmente, Thomas Lecocq, sismólogo del Observatorio Real de Bélgica, afirman que esa reducción corresponde a un 30% (lo que equivale a un tercio a nivel global. En el caso de Bruselas, la capital europea, el ruido sísmico ambiental se ha visto reducido entre un 30% y un 50%.
A nivel local, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) detectó en zonas urbanas como la localidad tarragonesa de Reus una reducción del ruido sísmico de un 25% entre el 30 de marzo y 12 de abril; dos días antes de cumplirse el primer mes desde que se decretó el Estado de Alarma.
Normalmente, la reducción de este tipo de ruido suele darse en fechas señaladas como las vacaciones de Navidad y en periodos temporales limitados. Aún y todo, la despoblación de las calles y la ausencia de vehículos dada en esta situación excepcional ha provocado estos efectos en nuestro planeta que, en contraposición a la contaminación, ha mejorado la calidad del aire.
Los efectos causados por el coronavirus son más que positivos para la sismología. La reducción de este ruido permite a los científicos detectar con mayor precisión los registros de los terremotos o las erupciones volcánicas en todo el mundo. También favorece a la medición de la posición e intensidad de las tormentas oceánicas; lo que, a su vez, beneficia a los responsables de la predicción de la meteorología.
La ausencia del “ruido cultural” también permite a estos científicos investigar los temblores de mayor debilidad que surgen en la corteza terrestre. De este modo, los expertos pueden obtener una mayor compresión sobre la actividad volcánica y sobre los cambios que se producen en la capa freática de la Tierra
Los expertos advierten de la gran recesión económica a la que nos enfrentamos a causa del COVID-19. Sin embargo, el auge de las energías renovables parece haberse implementado como una demanda necesaria para el posible resurgimiento de la futura actividad económica.